Benjamín Huisa Cruz
En los últimos años hemos sido testigos de la barbarie que significa la explotación laboral en nuestro país. No hace muy poco se dio un paro agrario en Ica que, lamentablemente, tuvo que cobrar la vida de dos personas, uno de ellos era Jorge Muñoz, de 19 años quien murió de un disparo perpetrado por la policía.
Los medios de comunicación durante el periodo de las protestas no parecieron mostrar alguna nota periodística sino hacerse de la vista gorda e incluso acusando y condenando a los manifestantes de actos violentos y así evitar revelar las condiciones precarias en las que se desenvuelven los obreros y campesinos de nuestro país, miles de trabajadores rurales protestaron en las carreteras del sur y el norte del Perú. Todos bajo un mismo pedido: mejoras laborales y la derogación de la Ley de Promoción Agraria que no ha significado otra cosa que la legitimización de la explotación.
Sin embargo, la explotación laboral no es un tema nuevo, sino más bien, un tema tabú del que poco se habla o no se quiere hablar. Quizá en el recuerdo de los peruanos ya no figuran nombres como el de Luis Huamán Villalobos y Jovi Herrera Alania, ambos fallecidos en el incendio de las galerías Las Malvinas el 2017, o Alexandra Porras y Gabriel Campos quienes murieron electrocutados en una tienda de McDonald’s. Estos son algunos nombres de las víctimas que ha cobrado la explotación en situación de esclavitud que se vive en este país. Nombres que ya casi nadie recuerda, jóvenes que no recibieron ningún homenaje o poema de algún presidente o fueron nombrados héroes por los medios de comunicación. Porque en este país las cosas son así, siempre son los pobres quienes mueren solos. Porque las empresas explotadoras se libraron de procesos y tuvieron que pagar algunas multas, como si la vida de los jóvenes no valiese nada más que unos billetes. Parece incomprensible que personas en situación de vulnerabilidad sean explotadas en nuevas formas de esclavitud por empresas privadas que buscan beneficios económicos a costa de la vida de sus trabajadores.
Estos incidentes no han sido hechos aislados, puesto que han servido para mostrar la otra cara del mercado laboral en nuestro país. Así como Jovi, Luis, Alexandra y Gabriel; miles de peruanos viven condiciones deplorables sin beneficios laborales ni sociales. No hace mucho se exponía el caso de Patricia Huamán Aguilar, de 18 años. Ella llegó desde el Cusco captada bajo la promesa de un sueldo fijo de 800 soles para trabajar en servicio doméstico. Sin embargo, todo fue un engaño. Ella fue llevada a una casa en el distrito de San Borja en Lima, donde era humillada por su jefa, sufriendo discriminación por su condición de mujer andina, y siendo explotada laboralmente en una extensa jornada diaria de 19 horas. Adicionalmente a los abusos a los que era sometida, ella fue despojada de su celular y el DNI. A cambio solo recibía 20 soles semanales. Lo peor de todo, es que la humilde mujer quedaba encerrada en casa cuando su jefa salía. El caso de Patricia es el caso miles de mujeres explotadas en el trabajo doméstico, donde el Estado ejerce muy poco control.
La explotación laboral alcanza también a los más jóvenes y a los niños. Aún tengo el recuerdo de mis 15 años cuando tenía que laborar en una panadería de mi localidad en donde a cambio de un trabajo de 8 horas, desde la media noche hasta la mañana, recibía unas monedas que sumaban 8 soles. En el lugar había otros niños menores, entre 8 a 10 años a quienes les pagaban 3 soles por el trabajo que hacían. Todos éramos movidos por nuestras necesidades económicas y soportábamos las condiciones laborales precarias porque no teníamos otra salida. Era trabajar o quedarse sin nada. Miles de niños en el país tienen que salir a trabajar, ya sea ayudando a sus padres o siendo explotados por otros adultos. Sin embargo, parece que a nadie le incomoda esta situación. El principal problema al que nos enfrentamos es la indiferencia. Esa indiferencia que llega hasta los órganos de poder en el que en pleno se aprueba leyes que permiten la explotación laboral, esa indiferencia que alcanza al Presidente de la República quién aprobó la extensión de la Ley de Promoción Agraria que generó el caos en el norte y sur del país y cobró la vida de dos personas.
Hasta el día de hoy quedan muchas interrogantes respecto a qué debe hacer el Gobierno para detener esta dictadura de la explotación. Sin embargo, es el rol del Estado y sus instituciones mantenerse vigilantes y ofrecer seguridad al trabajador, asimismo, luchar por erradicar el trabajo y explotación infantil. Concluiría en acusar al régimen neoliberal como principal promotor de las desigualdades e injusticias laborales que permiten que grandes empresas sean libradas de responsabilidad cuando en sus instalaciones mueren personas que laboraban en la más precaria forma de trabajo. Ya lo decía Atahualpa Yupanqui “Mi padre murió en la mina sin doctor ni protección, color de sangre minera tiene el oro del patrón”. Dejemos de ver morir a nuestros hermanos para beneficio de los grandes exploradores.