Lawfare en el Perú: una aproximación

John M. Romero Montalvo

johnmontalvoromero@gmail.com

En la actualidad diversos analistas políticos han señalado que lo ocurre en el Perú, especialmente con el presidente Pedro Castillo, obedece a la aplicación del lawfare en el país. Sin embargo, este término, que resulta nuevo para muchos, no ha sido tratado o explicado de manera clara para poder establecer que, en efecto, estamos frente a un fenómeno ya discutido en los últimos años en Latinoamérica.

Para empezar, el origen de la palabra lawfare se da por medio de la “descripción de un método no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar”. Esta premisa se recoge del libro Unrestricted Warfare (Guerra sin restricciones) publicado en 1999, que trata sobre estrategia militar. No obstante, este término toma mayor relevancia con el manejo de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, en el que, gracias al artículo del General de la Fuerza Aérea, Charles Dunlap, se empieza a definir al lawfare como “guerra jurídica” y el “uso de la ley como arma de guerra”.  Empero, es con el tiempo que el concepto de lawfare agrega otros elementos como lo señala el abogado Sascha-Dominik Dov Bachmann (2015) al explicar que se trata de un fenómeno que busca “erosionar y deslegitimar el prestigio interno y externo, la reputación y el apoyo de una fuerza militar superior, un aparato estatal y organizaciones internacionales”.

En definitiva, frente a la evidente evolución del término lawfare intentaremos aproximarnos a lo más actualizado sobre su definición, y para ello nos apoyaremos en la especialista en Derecho Adoración Guaman Hernández (2021) que define al lawfare “como la utilización del sistema jurídico para desacreditar y perseguir a los adversarios políticos que simbólicamente se convierten en enemigos a abatir. Es decir, se utiliza el Poder Judicial para intervenir en el campo de las decisiones políticas”.

En ese orden de ideas —con el fin de encontrar algunas características para afirmar que existe un lawfare en el Perú— es conveniente tomar algunos casos concretos suscitados en Latinoamérica que fueron catalogados como éxitos de la “guerra jurídica”. En principio tenemos lo ocurrido en Argentina en el 2015 durante el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien fue acusada de asesinar al juez Alberto Nisman. Esta acusación, agitada por los medios de comunicación a través de “periodicazos”, generó una desestabilización política que fue aprovechada por la oposición para una campaña de desprestigio. Sin embargo, meses después de dicha acusación la Cámara Federal de Casación emitió un dictamen en el que se rechazaba los señalamientos contra Fernández alegando la “inexistencia del delito”.

Otro ejemplo es lo acontecido en Brasil con la presidenta Dilma Rousseff, que por medio de acusaciones de corrupción lograron su destitución en el 2017. Posteriormente, se identificó que todo fue planeado desde el Poder Judicial y el Parlamento para sacar del gobierno al Partido de los Trabajadores (PT), un grave destape que se explica de mejor manera en el documental de Petra Costa, Al filo de la democracia. Así también, a esa crisis política brasileña se sumó la detención del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva para evitar su participación en las elecciones presidenciales y, a su vez, reforzar el discurso de la oposición y legitimar sus acciones golpistas. A pesar de ello, Lula da Silva logró salir en libertad después de 580 días encarcelado tras un fallo judicial.  

Un caso reciente en la región es lo de Bolivia en el 2019 que, tras el evidente triunfo de Evo Morales en las elecciones presidenciales, la derecha —en esta ocasión acompañada por la Organización de Estados Americanos (OEA)— creó el discurso de un supuesto fraude. Esta falacia fue replicada por los medios nacionales e internacionales, lo que ocasionó una radicalizada polarización en el país altiplánico que terminó con el exilio de Morales. Como en los anteriores casos brevemente expuestos, finalmente se determinó que todo se trató de una confabulación y la mejor muestra de ello fue la victoria del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido de Evo Morales.

De continuar con posturas similares en la que la justicia peruana, ya desprestigiada, funciona de forma asimétrica y los medios de comunicación desconozcan las verdaderas necesidades de la población podemos afirmar que estamos frente a un intento de generar un golpe de Estado mediante ‘golpes blandos

En los ejemplos que se han considerado de manera sucinta se puede notar características similares, como son la instrumentalización de la justicia para fines políticos, afirmada también como la politización de la justicia, el rol agitador de los medios de comunicación, la búsqueda de la desestabilización política y social, además del juego discursivo de acusaciones que apela a la posverdad atentando contra la presunción de inocencia, en el que, en términos coloquiales, se utiliza la frase “no tengo pruebas pero tampoco dudas” como sustento de acusación.

SITUACIÓN PERUANA

Es innegable que existe una crisis política en el Perú que se viene arrastrando desde el 2016 tras la escandalosa renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia. Ahora bien, en el presente, pese al tiempo transcurrido, la crisis, lejos de reducir su intensidad, se ha ido agravando preocupantemente tras la sorpresiva llegada de Pedro Castillo a Palacio de Gobierno. Un sector reaccionario y conservador ha visto en la victoria de Castillo la oportunidad para mostrar sus más oscuras intenciones.  En un principio intentaron aclimatar un discurso de fraude en las elecciones, pero tras la falta de pruebas optaron por tomar otras medidas en su “lucha contra el comunismo”. Es así que, tras los últimos acontecimientos, la palabra lawfare ha tomado mayor notoriedad sobre todo por las acusaciones que pesan sobre Pedro Castillo, por tanto, ¿se puede afirmar la existencia de lawfare en el Perú?

En primer lugar, huelga decir que el presidente Pedro Castillo tiene en su contra seis investigaciones abiertas por la Fiscalía de la Nación, en las que se le acusa de ser cabecilla de una organización criminal, tráfico de influencias, colusión agravada, delitos contra la administración pública bajo el delito de encubrimiento personal y contra la tranquilidad pública por los casos del Puente Tarata III, ascensos en las FF.AA., la fuga de funcionarios cercanos a su gobierno, la injerencia en la compra de Biodiesel a Heaven Petroleum Operators por parte de Petroperú y obras supuestamente adjudicadas en las provincias de Chota-Cajamarca y Cajatambo-Lima. Pero lo curioso de esta situación no son las investigaciones en sí mismas, sino la forma de actuar de la Fiscal de la Nación, que no ha dudado en apresurar sus indagaciones pese a la poca claridad legal sobre el inicio de investigaciones contra el Presidente. A esto se debe agregar el cuestionable accionar de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, respecto a los cambios de fiscales y supuesto favorecimiento a los implicados en el alarmante caso “los cuellos blancos”, además de remover a la fiscal que se encontraba investigando a su hermana, lo que evidencia una actitud no solo criticable, sino claramente política.

En segundo lugar, tenemos a la prensa en un afán desestabilizador en el que diariamente bombardean titulares incitando a la renuncia del Presidente e indicando lo “nefasto” que es tener un Mandatario investigado. Pero tampoco podemos limitarnos a las críticas que por buen tiempo han venido desprestigiando a los medios, sino que toca indicar lo preocupante respecto a la filtración de información sensible. En ese sentido, resulta extraña la rapidez con la que algunos medios, con una clara identidad política, tienen acceso a detenciones o capturas antes del pronunciamiento de las instituciones encargas de aplicar justicia.

En base a lo expuesto, y siguiendo las características de lo que entendemos por lawfare, podemos afirmar que de continuar con posturas similares en la que la justicia peruana, ya desprestigiada, funciona de forma asimétrica y los medios de comunicación desconozcan las verdaderas necesidades de la población, podemos afirmar que estamos frente a un intento de generar un golpe de Estado mediante “golpes blandos”. En esa línea, es importante estar atentos a lo que ocurra en la política peruana, ya que es fundamental evitar una “guerra jurídica” que no solo afectará a la actual gestión, sino que significará el deterioro de la institucionalidad, pues como lo afirma el papa Francisco “el lawfare es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de derechos sociales”.  

Referencias bibliográficas

Ben, Chesney. (2010). About Lawfare: A Brief History of the Term and the Site. Lawfare. https://www.lawfareblog.com/about-lawfare-brief-history-term-and-site

Costa, P. (2019). Al filo de la democracia. Brasil.

Dov Bachmann, S. y Munoz Mosquera, A. (2015). Lawfare and hybrid warfare- how Russia is using the law as weapon. Amicus Curiae, 102, 25-28

Hernández, A. (2021). Clacso Tv. El lawfare es la utilización del sistema jurídico para desacreditar a enemigos políticos. https://www.youtube.com/watch?v=odQ6uiysqbM&t=173s

Holzer, M. (2012). Offensive Lawfare and the Current Conflict. The Harvard National Security Journal (NSJ). https://harvardnsj.org/2012/04/offensive-lawfare-and-the-current-conflict/

Telesur (6 de junio 2019). Papa Francisco condena uso del lawfare para encarcelar políticos. https://www.telesurtv.net/news/papa-francisco-lawfare-persecucion-judicial-dirigentes-politicos-20190606-0035.html

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