La protesta es un derecho, matar no lo es y debe ser condenado

Elvis Mendoza Mendoza

elvismmm23@gmail.com

Estamos concurriendo en una situación de conflicto. Enfrentados, por un lado, desde el gobierno ilegítimo, que impone orden frente a un desorden que ha sido generado por ellos mismos, y, por otro lado, las consignas reivindicativas de un sector excluido, tantas veces vetadas por el poder del conservadurismo. Lo particular en la crisis política actual es que el poder legítimo y simbólicamente representado por Pedro Castillo nunca logró canalizar el programa con el que ganó y prometió cambiar el statu quo, debido principalmente al obstruccionismo del congreso de la derecha mediática. Por el contrario, fue avasallado por el poder real en una cancha donde la legalidad sirve como arma de combate para el poder ilegítimo.

Se trata del poder que fue heredado desde la invasión y continuó construyéndose con un grupo de criollos desde inicios de la república. Este poder oculto y excluyente sigue vigente, para ejercer y persistir en sus cometidos, se esconden o se visten de demócratas y civilizados, en base a ciertas prácticas e ideas reduccionistas, pero impregnadas y normalizadas en el inconsciente de la población.

En tal sentido, nos interesa reflexionar ¿a qué se debe que las justas protestas son invisibilizados y reducidas solo a hechos violentos y vandálicos? Interrogante en base a la cual trataremos de reflexionar la coyuntura actual, coyuntura que de ninguna manera debe ser ajena ni puede serlo, no solo porque nos afecta a todos, sino por una cuestión de responsabilidad moral y social, que también es una forma de ejercer la ciudadanía teniendo una posición frente a un problema real. Por tanto, nuestro propósito será reflexionar, lo que implica también asumir la responsabilidad de proponer.

Como todos sabemos, la protesta es un derecho y está contemplado en la constitución. Matar no es derecho de nadie ni debe serlo. Por el contrario, debe ser condenado con la máxima pena. Si condenamos la violencia más aun debemos condenar lo más extremo y delictivo de esto, el asesinato. De ninguna manera se debe justificar como consecuencia de la primera, porque es evitable. Disparar para matar no es necesariamente una consecuencia de la protesta, tampoco es una obligación ni debe serlo para evitar la violencia en un contexto de protesta. Además, las personas que realizan actos de violencia en una protesta no representan de ninguna manera a quienes protestan, y deben ser sancionadas. Sin embargo, el poder a través de sus medios de manipulación insiste crear en la opinión pública la idea de que todos lo que protestan son violentos o vándalos, invisibilizando y desnaturalizando las verdaderas razones de la protesta y la insurgencia social que han creado debido a la repartija y el hambre por el poder.

Los defensores de este sistema putrefacto y asesino, no solo ignoran las protestas consagradas en la carta magna que tanto defienden (o defienden solo cuando les conviene e interpretan a su antojo), sino también invisibilizan, y esto es lo más grave, a los asesinatos que se cometen contra los que ejercen su derecho a protestar contra aquello que se considera como injusto, en este caso, por vacar a un presidente que ha sido elegido legítimamente y por exigir un cambio de constitución.

Sin embargo, por más condenable que esto sea, hay algunos que invisibilizan, porque parecen creer que la violencia o el ataque hacia la propiedad en el contexto de una protesta mediáticamente visibilizada es más grave que el coste de las vidas humanas, más grave que un disparo a matar o un asesinato. Es más, en su silencio, muestran una posición en la que parecen considerar que la vida de algunos vale más que la de otros. Nos intentan hacer creer que cuando protesta un hijo del pueblo que no es de Lima ni del entorno cercano del poder, ellos pueden aniquilarlo sin mayor culpa o dolor, pero con la justificación y protección del Estado de derecho.

Los defensores de este sistema putrefacto y asesino, no solo ignoran las protestas consagradas en la carta magna que tanto defienden (o defienden solo cuando les conviene e interpretan a su antojo), sino también invisibilizan, y esto es lo más grave, a los asesinatos que se cometen contra los que ejercen su derecho a protestar contra aquello que se considera como injusto, en este caso, por vacar a un presidente que ha sido elegido legítimamente y por exigir un cambio de constitución.

Además, existe un trato diferenciado desde el poder hacia los que protestan, hacia los excluidos de siempre. Si bien la exclusión y la marginación no se promueve explícitamente, se da dentro de la fragilidad del Estado de Derecho. Este marco normativo a veces es tan frágil que consiente el abuso de poder hacia los que cuestionan y piden un nuevo contrato social (mediante un proceso constituyente). Así, la actual carta magna permite una tratativa diferenciada a un gran sector de la población, a los que se ha considerado por mucho tiempo “los nadies”, quienes siguen siendo los excluidos de la prosperidad del sistema que solo lucra a un sector minoritario.

La Constitución actual es tan frágil y benevolente para el poder y tan dura y excluyente con el pueblo que lo cuestiona. He ahí la necesidad y la urgencia de cambiar las reglas de juego. Por eso, más que por los personajes (o por el vacado presidente Pedro Castillo), la razón fundamental por la que muchos están protestando tiene una motivación reivindicativa de las victimas frente a un Estado excluyente, para que ese gran sector de la población marginada y ninguneada no solo sea incluida sin más, sino sean reconocidos como ciudadanos activos (y no pasivos) en su contexto de la diversidad. Pero lo más importante, se exige que la inclusión se dé para que todos los ciudadanos sean más participativos, equitativos y democráticos. Es decir, que el Estado les permita ejercer más ciudadanía en base al principio democrático de que “el poder emana del pueblo”.

Por tanto, consideramos que una de las consignas más coherentes es descolonizar el poder, ese poder que ni siquiera se manifiesta como auténtico, sino que sirve como un satélite del poder neocolonial del occidente, para dominar política, económica y culturalmente. Esto implica descentrar el centralismo limeño, que implica a su vez alfabetizar interculturalmente a la clase gobernante, interculturalizar las instituciones y sus normas. Insistimos que esto solo se podrá lograr mediante una constituyente, para eso debemos permanecer movilizados porque creemos que esta (la crisis) es una oportunidad para tal propósito, que es clamor de las mayorías excluidas, y por las que lucharon nuestros mártires recientemente asesinados.

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