Jaime Araujo-Frias
https://orcid.org/0000-0001-8584-4525
Nos legisla la mafia, pero eso a quién le importa. Total, en un país políticamente emputecido la justicia es vista como obsoleta. Se podría decir que vivimos en plena época del crimen legalizado: hacen las leyes los extorsionadores, los mocha sueldos, los narcotraficantes, los violadores, los estafadores. En suma, como nos advirtió Hinkelammert (2010), hoy el crimen se comete cumpliendo la ley.
Como toda organización criminal altamente organizada, la mafia se sostiene en la impunidad. Busca por todos los medios posibles intervenir o impedir a las instituciones que tienen a su cargo administrar justicia. Sus dos últimos ataques lo han dirigido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y a la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Exigen que el Estado Peruano se retire de la competencia contenciosa de la Corte IDH. Y pretenden remover a los actuales miembros que componen la JNJ.
La Corte IDH es un tribunal regional que tiene por finalidad la protección de los derechos humanos. La JNJ es un organismo nacional creado para reemplazar al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que se había convertido en el centro de operaciones de la banda criminal denominada “Los cuellos blancos”. El propósito de la JNJ es, por una parte, nombrar, ratificar, sancionar y destituir jueces y fiscales. Y, por otra parte, nombrar, renovar, sancionar y destituir al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al jefe de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).
«(…) los momentos en los que los peruanos hemos podido mejorar como país, han sido cuando, como pueblo, nos hemos movilizado contra leyes injustas. Porque la ley no es un fin en sí mismo sino un parámetro de orientación que posibilita la justicia. Por eso, cuando una ley es manifiestamente injusta, es una obligación desobedecerla.»
Tanto la Corte IDH como la JNJ tienen a su cargo velar por la administración de justicia y por el ejercicio de la democracia, dos valores, como es evidente, muy incómodos para que la mafia opere con tranquilidad. Ahora bien, que la mafia pretenda que el Estado peruano se retire de la Corte IDH es algo que muchos conciudadanos lo podrían tener claro: quiere que los delitos de violación contra los derechos humanos cometidos por sus miembros queden impunes. ¿Pero por qué querría remover a los actuales miembros de la JNJ?
La respuesta es sencilla: quieren que los nuevos miembros de la nueva JNJ sean funcionales a sus intereses. ¿Y cómo podrían estar seguros de ello? Para responder a esta pregunta es necesario responder una pregunta previa, ¿quiénes eligen a los miembros de la JNJ? De conformidad con lo previsto por el artículo 71 de la Ley N° 30916, Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, una Comisión Especial conformada por 7 representantes: el Defensor del Pueblo, el Presidente del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el Contralor General, un rector de una universidad pública y un rector de una universidad privada con más de 50 años de antigüedad.
El actual Defensor del Pueblo fue elegido por la mafia, igual que la Fiscal de la Nación y el presidente del Tribunal Constitucional. De manera que, en principio, la mafia cuenta con 3 votos a su favor. Sin embargo, si evaluamos a los otros posibles representantes de la Comisión Especial, es muy probable que la actual rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos sea elegida como tal, quien, como sabemos, ha dado claras muestras de estar del lado de la mafia. Sobre los otros 3 representantes no diré nada, pero el silencio del Contralor y del presidente del Poder Judicial frente al ataque de la mafia a la JNJ, nos debe sugerir algo.
En definitiva, lo que pretendo mostrar es que la mafia quiere remover a los actuales miembros de la JNJ con el propósito de tener una nueva JNJ que trabaje para sus intereses. Como ciudadanos, ¿qué hacer frente a esta situación? Al respecto, vale recordar que los momentos en los que los peruanos hemos podido mejorar como país, han sido cuando, como pueblo, nos hemos movilizado contra leyes injustas. Porque la ley no es un fin en sí mismo sino un parámetro de orientación que posibilita la justicia. Por eso, cuando una ley es manifiestamente injusta, es una obligación desobedecerla.
En apoyo de esta tesis traigo dos reflexiones. La primera, en mayo de 1967, Hannah Arendt copia una frase de Peter Ustinov que ha leído en el número del 7 de febrero de The NewYorker: “Durante siglos se ha castigado a las personas por desobedecer. En Núremberg, por primera vez, se ha castigado a personas por haber obedecido” (Arendt, 2006, p. 651. Y la segunda, en 1986, un grupo de jueces brasileros, declaró: “La ley es importante porque es un parámetro genérico que sirve como regla… En principio obedecemos la ley. Solamente dejamos de obedecerla cuando se revela injusta. El derecho es más amplio que la ley; la ley era claramente injusta y la tuvimos que mandar a la puta que la parió” (De la Torre Rangel, 2006, p. 27).
Bibliografía
Arendt, H. (2011). Diario filosófico 1950-1973. Herder.
De la Torre Rangel, J. A. (2006). El derecho como arma de liberación en América Latina. Sociología jurídica y uso alternativo del derecho. Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Hinkelammert, F. (2010). La maldición que pesa sobre la ley. Las raíces del pensamiento crítico en Pablo de Tarso. Arlekín