Jaime Araujo-Frias
https://orcid.org/0000-0001-8584-4525
Nos legisla la mafia, pero eso a quién le importa. Total, en un país políticamente emputecido la justicia es vista como obsoleta. Se podría decir que vivimos en plena época del crimen legalizado: hacen las leyes los extorsionadores, los mocha sueldos, los narcotraficantes, los violadores, los estafadores. En suma, como nos advirtió Hinkelammert (2010), hoy el crimen se comete cumpliendo la ley.
Como toda organización criminal altamente organizada, la mafia se sostiene en la impunidad. Busca por todos los medios posibles intervenir o impedir a las instituciones que tienen a su cargo administrar justicia. Sus dos últimos ataques lo han dirigido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y a la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Exigen que el Estado Peruano se retire de la competencia contenciosa de la Corte IDH. Y pretenden remover a los actuales miembros que componen la JNJ.
La Corte IDH es un tribunal regional que tiene por finalidad la protección de los derechos humanos. La JNJ es un organismo nacional creado para reemplazar al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que se había convertido en el centro de operaciones de la banda criminal denominada “Los cuellos blancos”. El propósito de la JNJ es, por una parte, nombrar, ratificar, sancionar y destituir jueces y fiscales. Y, por otra parte, nombrar, renovar, sancionar y destituir al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al jefe de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).
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